SEMANA 6: MUNICIPAL

Capturan nuevamente al alcalde de Yopal, Jhon Calzones

En octubre de 2015 había sido arrestado por los delitos de urbanización ilegal. Salió libre a finales de ese mismo año, se posesionó como alcalde pero este domingo fue recapturado por el delito de lavado de activos. 

El polémico alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, más conocido como “Jhon Calzones”, fue recapturado por el delito de lavado de activos. La Fiscalía y al Dijin lo arrestaron nuevamente por un supuesto lavado de activos, luego de que revisaran un sus estados financiero desde 2012 y descubrieran que al parecer obtuvo un incremento de su patrimonio injustificado en $50.000 millones. Además, en las últimas semanas denunciaron que el alcalde de Yopal habría sobornado funcionarios judiciales para salir de prisión. Dora Emilse López Vega, esposa de "Jhon Calzones" también fue capturada este domingo.

“Jhon Calzones” había sido capturado en octubre de 2015 días antes de las elecciones, luego de que la Fiscalía evidenciara que la ciudadela “La Bendición” era una construcción ilegal, pues estaba asentada en un terreno que había sido embargado el 11 de junio de 2014 porque supuestamente había pertenecido a testaferros de Daniel Barrera, alias el “Loco Barrera”. El nuevo proceso contra Jhon Torres se da porque al parecer utilizó la sociedad constructora Ciudadela La Bendición S.A.S., manejada por la hermana de Torres, Genny Milady Torres, como fachada para impulsar un proyecto de viviendas de interés social y darle apariencia de legalidad a dineros ilícitos.

Por eso la Fiscalía abrió el segundo proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La génesis de todos los líos de “Jhon Calzones” surgen de la Ciudadela La Bendición, un proyecto de vivienda que nunca contó con los permisos de las autoridades locales y que, al parecer, utilizó Torres como maquinaria para llegar a la Alcaldía de Yopal. Las primeras acciones que tomó la Fiscalía contra Torres fue en mayo de 2015, cuando le embargó 10 bienes por, al parecer, estar involucrado en un proceso de lavado de activos.

La historia de estas tierras ubicadas al sur de Yopal donde fue construida la ciudadela la Bendición está vinculada a la del narcotraficante Germán Sánchez Rey, alias “Coletas”, capturado en 2010 y extraditado a España en 2011. Tras el arresto de “Coletas”, quien tenía nexos con el capo “Loco Barrera”, la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía abrió un proceso para arrebatarle sus propiedades. En esas pesquisas encontraron los nombres de los hermanos Néstor Leonardo y Jairo Enrique Pérez Barreto, quienes fueron señalados de ser testaferros de “Coletas”. El primero de ellos fue el que compró en 2010 los terrenos donde hoy está La Bendición, que posteriormente pasaron a manos de Jhon Torres.

Fue un negocio que, según las autoridades, se realizó con dineros de “Coletas”, ya que descubrieron que Néstor Pérez no tenía capacidad económica para concretar la compra, que tuvo un costo de $900 millones. Además se demostró que el avalúo real de la propiedad para la época era de más de $2.700 millones. Finalmente, en octubre de 2011 Néstor lo transfirió a su hermano, Javier Barreto, quien terminó figurando como propietario cuando la Fiscalía los embargó en junio 2014.

Sin embargo, en un fallo que generó bastante polémica en el ente investigador, la fiscal María Cristina Lizcano revocó las medidas cautelares sobre los bienes, permitiendo que se realizara una serie de traspasos que a la postre terminó por darle vida a la Ciudadela La Bendición. La situación se resolvió el pasado 24 de marzo, cuando un fiscal de segunda instancia tumbó la decisión de Lizcano. Es más, en una denuncia que reposa en los despachos del búnker de la Fiscalía se habla de un pago de $200 millones que buscaba que Torres pudiera tomar control de los predios cuestionados.

Según los investigadores, los terrenos finalmente terminaron en manos de Torres de la siguiente forma: “Teniendo en cuenta que los citados bienes estaban a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), no tiene justificación jurídica, ni probatoria, sabiendo del pronunciamiento y la orden dada por la Fiscalía, (Jairo Enrique Pérez) se asocia con el señor Jhon Jairo Torres, para despojar al depositario designado por la SAE. Torres resuelve parcelar los lotes y de manera ilegal procede a realizar un proyecto de construcción de interés social denominado Ciudadela La Bendición, sin licencia de construcción ni ambiental, a sabiendas de que estos no eran de su propiedad y que se encontraban inmersos en investigación de extinción. En razón, se cuenta con elementos probatorios que los recursos obtenidos para la adquisición de los mismos al parecer provienen de origen espurio”.

Torres al parecer había logrado su objetivo: ser alcalde de Yopal para legalizar la ciudadela La bendición. Sin embargo, este proceso al parecer fue turbio, pues sus propósitos los habría logrado con dineros ilícitos. A pesar de que ganó las elecciones desde la cárcel, pudo posesionarse ya que a finales de 2015 recobró su libertad. John Torres, un hombre que se ganó su apodo de “Calzones” por su negocio de más de 17 llamado Caricias Íntimas, deberá administrar la capital de Casanare desde prisión y responder ante las autoridades por un supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pues se considera que su jugosa fortuna no pudo ser el resultado de un negocio de venta de ropa interior femenina.

SEMANA 5: ECONOMÍA

Crisis energética prende la alerta roja

Con el incendio en la hidroeléctrica de Guatapé, el suministro de energía se puso color de hormiga. El fenómeno de El Niño y el mal manejo del potencial energético tienen al país al filo de recortes de luz.

 La situación energética del país se complicó. Al fuerte fenómeno de El Niño se sumó que la hidroeléctrica de Guatapé, de Empresas Públicas de Medellín (EPM), estará paralizada por cuatro meses. Esta eventualidad ejercerá una presión adicional en un sector que afronta serias dificultades desde hace algún tiempo, debido al bajo nivel de los embalses y a los problemas financieros de las plantas térmicas.

El problema se produjo el 15 de febrero, cuando se presentó un corto circuito en la central ubicada en el oriente antioqueño, que causó un incendio en el túnel de acceso a la casa de máquinas. El fuego destruyó 4 kilómetros de cable que llevan la energía desde la central hasta la subestación, con lo cual la hidroeléctrica saldrá del Sistema Interconectado Nacional mientras los técnicos reparan el daño.

El hecho, que generó gran preocupación en Antioquia, pasó inadvertido en el resto del país a pesar de su gran impacto, pues Guatapé responde por el 4,2 por ciento de la demanda de energía del país, con 560 megavatios.

Ante la gravedad de la situación, la Superintendencia de Servicios Públicos le pidió a EPM poner en marcha medidas que permitan superar los problemas en el menor tiempo posible. Sin embargo, el tema no es tan sencillo y así lo reconoció el propio gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, quien dijo que la solución tardará varios meses porque los cables destruidos son muy especiales y hay que traerlos del exterior. De las ocho unidades afectadas solo dos estarán en servicio en mayo. Las restantes entrarán de manera paulatina de ahora a septiembre. Es decir, antes de siete meses no quedará resuelto en su totalidad este grave incidente.

Para reemplazar la energía que dejará de suministrar Guatapé, nuevamente las térmicas tendrán que actuar. Termocandelaria, intervenida hace unos meses por la Superintendencia de Servicios Públicos, así como Termodorada tienen sus máquinas a todo vapor para ayudar en estas circunstancias.

Pero lo más grave no es solo que se dejará de suministrar energía cuando más se necesita, sino que Guatapé, a través del embalse de El Peñol, surte de agua a las hidroeléctricas Playas y San Carlos, también en Antioquia. El Peñol tiene cerca del 30 por ciento de las reservas hídricas del país y de él dependen estas centrales. Si se llegara a afectar la generación de energía de San Carlos, al no llegarle agua suficiente de El Peñol, la situación se complicaría. San Carlos es la hidroeléctrica de mayor capacidad, con 1.240 megavatios. Es decir, es responsable por cerca del 10 por ciento de la demanda del país.

 

El ministro de Minas y Energía, Tomás González, reconoció que la situación es muy complicada y que lo sucedido en Guatapé es “como si Colombia se quedara sin James cuando tiene que jugar la final del campeonato”. Para el senador Iván Duque la parálisis de Guatapé es un riesgo adicional que no puede distraer lo que está pasando en el sistema eléctrico nacional, que se ha visto afectado por la escasez de gas en el país.

Ante el agravamiento del panorama energético, el gobierno anunció nuevas medidas para impedir un racionamiento. El ministro González anunció que se importará energía de Ecuador y que se usarán las reservas acumuladas en los últimos meses, lo que llevará a que las hidroeléctricas y las térmicas tengan que trabajar a plena capacidad.

Ecuador suministrará 7 gigavatios diarios, el nivel máximo de capacidad que permite la línea de transmisión. Si bien esto representa menos del 4 por ciento de la demanda total de energía de Colombia, que asciende a 190 gigavatios, el anuncio lanza un claro mensaje sobre la complicada situación del sector y los nuevos riesgos que pueden poner en peligro la confiabilidad del sistema. Aunque Colombia ha mantenido un intercambio permanente de energía con Ecuador y Venezuela, las nuevas circunstancias no solo llevaron al país a suspender las exportaciones hacia esos dos países sino por el contrario, a tener que recurrir a comprar este recurso.

Además, debido a que el fenómeno de El Niño se ha endurecido, el nivel de los embalses sigue en picada y se encuentra en el 43,5 por ciento, muy por debajo del 64 por ciento del año pasado cuando se encendieron las primeras luces de alerta sobre los riesgos de un racionamiento de energía. Las regiones más vulnerables son Valle del Cauca, que tiene el nivel más bajo, con el 24 por ciento, seguido del centro y el oriente, con el 41 por ciento.

Sin embargo, con la salida del embalse de El Peñol, la situación se torna más crítica ya que el nivel útil de los embalses (capacidad para generar energía) baja al 31 por ciento, una cifra que comienza a preocupar.

No hay que olvidar que en tiempos normales las hidroeléctricas responden por más del 70 por ciento de la energía del país y las térmicas surten el resto. Ahora estas últimas han tenido que salir a respaldar el sistema con más del 45 por ciento de la energía, lo cual puede agravar su situación financiera porque los combustibles, como el diésel, están subiendo aceleradamente de precio.

Ante esta situación, Luis Alejandro Camargo, gerente de XM, filial de ISA encargada de gestionar el mercado eléctrico, indicó que es necesario que los colombianos tomen conciencia y ahorren más energía ya que el consumo no ha disminuido como se esperaba. Por el contrario, en enero pasado la demanda creció 5,7 por ciento y en regiones como la costa Atlántica aumentó 8 por ciento, una cifra preocupante. Con el fin de incentivar el ahorro, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) anunciará en los próximos días medidas que podrían beneficiar el bolsillo de los consumidores que no malgasten el servicio.

La preocupación en el gobierno es alta ya que cualquier evento adicional podría provocar un suspensión en el servicio, especialmente en horas pico, entre las 6 y las 9 de la noche.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), reconoce que la situación se puso más compleja y no se puede descartar ninguna medida de contingencia. Un experto en el sector ratificó que ante esta coyuntura el país queda “en el filo de la navaja” y que cualquier evento adicional comprometería el suministro de energía en el país. La razón es que con la salida de Guatapé y del embalse de El Peñol, unido al fuerte verano, el nivel de los embalses podría bajar en mayo a niveles críticos del 20 por ciento.

A esta situación se suma que la hidroeléctrica de El Guavio tiene un nivel de tan solo el 37,5 por ciento y no puede descender mucho más porque comprometería el suministro de agua para Bogotá. Lo más complejo en esta coyuntura es que no hay certeza sobre cuándo El Niño disminuirá su intensidad. El Ideam sostiene que bajará a finales de marzo, pero aun así el nivel de lluvias no alcanzará a compensar lo que han dejado de recibir los embalses en los últimos meses.

Más allá de los episodios accidentales, como el incendio en Guatapé y el recrudecimiento del fenómeno de El Niño, lo que está pasando en el sector eléctrico deja un sabor muy amargo. Hace diez años, Colombia pintaba ser una potencia energética, no solo por la riqueza hídrica que tiene sino por la regulación que, en su momento, se diseñó para el sector; por la interconexión y por el mismo dinamismo de las empresas. Hoy el panorama es desafortunado. Hay que importar energía, la amenaza de un racionamiento está en presente, la regulación no se modernizó y no se tomaron medidas a tiempo.

Lo cierto es que el panorama energético del país se complicó a niveles que nadie imaginaba.

SEMANA 5:COLOMBIA

Capitales del país están creciendo hacia las periferias

Por falta de espacio, edificaciones se están construyendo en municipios vecinos de las ciudades

 La construcción y el crecimiento de la venta de viviendas en las principales capitales del país se ha venido extendiendo en forma significativa hacia los municipios que hacen parte de sus áreas metropolitanas y a las periferias externas.

En Bucaramanga, la mayoría de las constructoras han buscado áreas en los municipios vecinos porque en la zona más apetecida de la ciudad, conocida como La Meseta (centro y oriente), no hay espacio suficiente para grandes proyectos habitacionales.

Marval, una de las principales compañías, reportó que la mayoría de sus ventas se registraron en el municipio de Piedecuesta, con un 22 % de las ventas.

Sergio Luna Navas, gerente de Camacol, explicó que la construcción se extendió a los municipios vecinos, entre otras razones, porque “el recién aprobado Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bucaramanga impone unas condiciones a los lotes de la meseta que no facilita tanto su desarrollo, lo que genera un crecimiento en municipios periféricos como Piedecuesta y Girón”.

En Medellín, también uno de los sectores del área metropolitana que más ha venido mostrando una actividad positiva es el municipio de Bello, que limita con la capital antioqueña por el norte. Las cifras de Lonja Propiedad Raíz y Camacol muestran que el número de viviendas que se construyeron en ese sector el año pasado, 7.377, por poco iguala al de Medellín, donde se levantaron 7.566.

“De unos tres o cuatro años para acá, las personas comenzaron a ver en Bello un municipio muy importante. Las conexiones con el metro y la cercanía con las estaciones tienen una gran actividad edificadora a sus alrededores. Las constructoras comenzaron a ver la posibilidad de construir en ese municipio proyectos diferentes a las viviendas de interés social”, aseguró Federico Estrada, presidente de la Lonja Propiedad Raíz.

En Barranquilla y su área metropolitana, la seccional de Camacol reportó que en el 2015 hubo un crecimiento en la construcción de vivienda del 17 %, con una inversión que alcanzó los 2,1 billones de pesos. El 30 por ciento de los proyectos se levantaron entre los municipios de Soledad y Puerto Colombia.

La construcción de viviendas de interés prioritario, que viene creciendo por políticas nacionales, ha impulsado el crecimiento en estos municipios, principalmente en Soledad. “En Barranquilla, si bien no es una ciudad que podría decirse que ya no tiene espacio para crecer, este se ha ido agotando”, aseguró la directora de Camacol, María Elia Abuchaibe.

En los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia también hay otra actividad importante de crecimiento inmobiliario, donde se concentrarían un 12 por ciento de los proyectos.

Y en Cali, aunque la construcción registró sus mayores inversiones en la ciudad, la tendencia de extender proyectos inmobiliarios hacia municipios vecinos viene en aumento. Las cifras de Camacol muestran que mientras en la capital del Valle y los municipios aledaños se registraron ventas en vivienda por más de 1,3 billones de pesos en el 2015, hubo otros 1,2 billones en los municipios del área de influencia como Jamundí, Palmira, Yumbo y Candelaria.

El presidente de Camacol Valle, Alberto Gaviria, considera que se pueden seguir proyectando soluciones de vivienda en municipios vecinos a Cali, resolviendo por ejemplo temas como la movilidad, en la ruta a Jamundí.

Pero también apoya la renovación del centro urbano caleño, donde varias entidades del municipio y gremios de construcción buscan realizar una ambiciosa renovación urbana y habilitar espacios para la construcción de viviendas.

Abuchaibe añadió que hay muchas debilidades en los municipios hacia los que se reporta el crecimiento, “porque algunos de ellos son muy pequeños”.

“Sino hacemos planificación con tiempo de cómo se van a urbanizar esos terrenos, eso va a impactar la calidad de vida de la gente en algunos años”, concluyó Abuchaibe.

SEMANA 5:LIDERAZGO

SEMANA 4:LOCAL

Formulan plan para el cambio climático de la Orinoquia al 2050

Inicia formulación de una guía para mitigar los impactos en nodo regional.

Atendiendo los retos que representa el cambio climático que, como lo vienen advirtiendo los ambientalistas desde hace decenas de años, pone en peligro a la especie humana y la viabilidad del planeta, se adelanta la formulación de un plan para mitigar sus impactos en la Orinoquia.

En esa tarea están comprometidas las corporaciones ambientales Cormacarena y Corporinoquia y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), en alianza con Ecopetrol.

En desarrollo de esa labor, este martes realizaron una mesa de trabajo con voceros de entidades ambientales regionales, de la academia, los gremios de la producción y empresarios.

La idea, explicó a Llano Sie7edías Daniel Escobar, investigador del CIAT, es aunar esfuerzos para la formulación del Plan de adaptación y mitigación al cambio climático en Meta, Casanare, Vichada y Arauca, al año 2050, y cuyo documento deberá estar elaborado en noviembre o diciembre del presente año

Esta jornada se lleva a cabo con el fin de integrar a todos aquellos que trabajan por el desarrollo de la región, que son quienes conocen el territorio y por ende deben afrontar los desafíos venideros, teniendo en cuenta que el cambio climático es una problemática presente y que al contrario de desaparecer, va a seguir avanzando.

Por eso, es necesario crear medidas de mitigación, adaptación y educación respecto a este fenómeno, ya que la plena conciencia de que las acciones humanas tienen efectos en el ámbito global y local comenzará a representar un cambio en la salud ambiental del planeta.

En la primera parte del proyecto se realizará una recopilación de información para generar el inventario de Gases de Efecto Invernadero y un análisis de vulnerabilidad en cada uno de los departamentos.

SEMANA 4: QUÉ HAY DE NOSOTROS?

SEMANA 4: MEDIO AMBIENTE

Así se roban el agua de ríos y quebradas en Colombia

En pleno fenómeno del Niño se han encontrado 95 captaciones ilegales en 38 afluentes.

No solo la intensa sequía que afecta al país desde el año pasado ha sido un factor determinante para que decenas de ríos vivan sus días de caudales más bajos en la historia. Uno de los elementos que agudiza la emergencia son las captaciones ilegales de agua por parte de campesinos, gremios de agricultores y hasta empresas, que toman el líquido para su beneficio, desviando los cauces e impiden que llegue a las poblaciones que, en muchos casos, sufren por el desabastecimiento.

En los últimos seis meses las Corporaciones Autónomas Regionales han emprendido una cruzada en busca de los usurpadores de agua, que se están ‘chupando’ el poco líquido que les queda a los ríos y quebradas. Durante los operativos se encontraron 95 captaciones ilegales en 38 ríos del país, donde las situaciones más críticas se evidencian en Neiva, Tolima, Quindío y La Guajira.

Las complicaciones que acarrean estas captaciones, explica Ramón Leal, director de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars), en primera instancia afecta por la disminución del agua para el consumo humano, pero también pone en grave riesgo el caudal biológico, que es el que se requiere para que exista la vida dentro del mismo ecosistema hídrico.

En cuanto a los responsables, Leal señala que “los campesinos son quienes, por su propia creencia, asumen que el agua es un recurso que está disponible e infinito. No tienen fortalecido el tema de la legalidad, entonces como el agua pasa cerca a sus fincas, la toman sin permiso”.

Pero los campesinos no son los únicos que se roban el agua. De acuerdo con Asocars, hay al menos doce empresas y gremios agrícolas que tienen procesos sancionatorios abiertos por captaciones ilegales de agua. Algunos de ellos se valen de trinchos, estructuras en piedra y madera, que desvían el agua hacia un cultivo. Mientras que otros utilizan motobombas para captar el agua y llevarla por conexiones ilegales hasta sus predios.

Unas de las empresas sancionadas por una intervención fraudulenta sobre el río Maracas, entre Becerril y Cesar, es la Sociedad Monterrey SAS y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), a quienes Corpocesar responsabilizó a finales del 2015 de captar aguas de esta cuenca sin permisos por más de 10 años, perjudicando a otros agricultores de la región.

Kaleb Medina, director de Corpocesar, explica que las sanciones a estas empresas, por valores que ascienden a más de 213 millones de pesos, se iniciaron luego de una queja de un agricultor y tras la investigación se encontraron evidencias de la construcción de unos trinches para desviar agua a unas plantaciones de melina propiedad de estas empresas.

En la actualidad, Monterrey y Finagro interpusieron alegatos que están siendo analizados por Corpocesar. Pero para Medina, "es como si los pájaros le tiraran a las escopetas. Los infractores se roban el agua y las corporaciones hacen todo el esfuerzo para sancionarlos, y estos vienen después a defender lo indefendible".

Por su parte, Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda, indica que estas captaciones ilegales le han ganado la ‘competencia’ al agua que se dirige hacia las bocatomas de los acueductos, dejando a muchas poblaciones en riesgo de desabastecimiento.

“Cuando uno empieza a mirar los acueductos, se evidencia que la línea matriz está totalmente chuzada para riegos e industriales”, señala Henao, que hace un llamado a las alcaldías para que denuncien a las personas que se roban el agua, pues esta situación agudiza la emergencia en las poblaciones por el tiempo seco.

Riesgo en Neiva

Uno de las cuencas con mayores afectaciones es Las Ceibas, que surte de agua al acueducto de Neiva, en el río durante las últimas semanas se encontraron siete captaciones ilegales, según la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM).

Esta dificultad en Las Ceibas es uno de los componentes que pone en riesgo el abastecimiento del líquido en la ciudad. Incluso, Carlos Alberto Cuéllar, director de esa entidad, ya alertó que desde hace dos meses el río ha reducido 2.100 litros por segundo su caudal, y de seguir así podría verse comprometido el suministro.

Por estas captaciones de agua, la CAM abrió procesos sancionatorios y Alfredo Vargas, secretario de Gobierno, anunció acciones inmediatas, como la revocación de concesiones de agua.

“Se conceden por 30 o por 50 litros y están explotando 180 o 190 de manera indebida, porque no existe un control adecuado. Le vamos a exigir a la Fiscalía que inicie –dado que se está cometiendo un delito–, si es necesario, procesos de extinción de dominio para aquellos propietarios que insistan en cometer de manera reincidente este tipo de delitos ambientales”, señaló Vargas.

Explotan el Ranchería

A pesar de que La Guajira es uno de los departamentos más afectados por la falta de recursos hídricos para el consumo humano, el gremio arrocero está consumiendo sin permisos parte del agua del río Ranchería, perjudicando el abastecimiento las comunidades de Riohacha, Manaure, Albania y Barrancas.

Según Manuel Medina, director de Corpoguajira, en un 80 por ciento, en época de sequía, las captaciones ilegales son responsables de la falta de agua en La Guajira.

La situación, cuenta Medina, se complicó cuando se construyó la represa del Ranchería, inaugurada en el 2010, donde se pasó de cultivar 300 hectáreas de arroz a 1.500, escenario que genera que cuando hay caudales bajos el agua no alcance y ocurra el acaparamiento irregular.

En la zona, Corpoguajira realiza un monitoreo permanente; de hecho, comenzó 15 procesos sancionatorios (7 a empresas y 8 a personas naturales), pero el trabajo parece no tener fin. “Nosotros hacemos la labor y de la nada las personas vuelven a hacer esos desvíos del cauce. Con la Fuerza Pública estamos trabajando para ejercer un control permanente y evitar que capten el agua ilegalmente”, denuncia.

El director de la entidad indica que este escenario es nuevo para la parte baja de departamento y agrava la problemática del desabastecimiento, pues el río siempre mostraba buenos caudales, pero con esta sequía se evidencia el déficit de caudal con relación al manejo que se le da por parte de los agricultores, a quienes les pide que deben ser conscientes de que el agua es limitada.

Otras regiones afectadas por la usurpación de agua son Quindío y Tolima, en donde las autoridades ambientales han descubierto 36 captaciones ilegales.

En Quindío, las conexiones ilegales se evidenciaron en nueve municipios tras operativos en los afluentes La Picota, Barragán, Los Justos, La Cascada, entre otras, cuyos responsables fueron personas naturales (20) y dos empresas de la región.

Por su parte, en el Tolima a las 14 usurpaciones del líquido se suman otras 15 quejas relacionadas que están en investigación por Cortolima.